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A
pesar de la crudeza de la crisis económica, evidente para todos, la UE ha continuado sosteniendo su
apuesta por las transferencias de tecnología para reducir emisiones de carbono,
con toda la complejidad y todos los costes que ello supone.
Un
informe[1] de la Comisión Europea
de marzo de 2010 nos da algunas claves para entender esta apuesta.
El
informe cita algunas debilidades estructurales de los países de la Unión. Algunas ,
como la estructura demográfica, de muy difícil corrección.
Hasta
ahora, estas debilidades estaban compensadas por el carácter abierto de su
economía, pero esta situación de ventaja parece estar llegando a su fin.
En
estas circunstancias, y con lo países emergentes ganando competitividad, la
dependencia de los combustibles fósiles con los peligros de shocks de precios en el petróleo,
adquieren tintes casi trágicos para la
UE.
Por
ello, tiene que reducir esta dependencia, y la forma de hacerlo es
incrementando el uso de las energías renovables, aunque la transición sea muy
dura y muy larga[2].
La
otra opción es la energía nuclear, que queda siempre en reserva, pero que no
puede ponerse como primera opción por el rechazo de la opinión pública, especialmente
en países como Alemania; y si nos colocamos en la hermenéutica de la sospecha, quizás también
por el temor de que una generalización de las centrales nucleares facilite el
acceso a las armas nucleares de países no fiables.
De
lo que no cabe duda es que este camino es más duro aún si se hace en solitario.
Por ello es esencial para la UE
la existencia de normas que obliguen a todos, y ahí es donde juega un papel
principal el marco legislativo regulador de las emisiones, con el Protocolo de
Kyoto como máximo exponente.
Para
la Unión Europea ,
el problema del cambio climático, puede ser, vistas así las cosas, un problema
bien hallado.
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